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LEGISLATIVAS

Exponen las dificultades para aplicar la educación sexual integral

Fecha: 29/11/2018  Hora: 08:54  


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Declaraciones de Lucy Grimalt, responsable del programa de Salud Sexual y Reproductiva, a radio La Voz.
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La particularidad del tema complica la definición de estrategias. Su implementación significaría unos 9 de millones de pesos por mes en el presupuesto educativo.


El debate en la Comisión de Educación del Senado provincial, con participación de referentes de distintos organismos, puso en evidencia la necesidad de la educación sexual integral, al tiempo que reveló las dificultades que existen para ponerla en práctica.



“Es un tema muy complejo y tenemos que ver si podemos aportar desde la Legislatura, aunque creo que generar este debate ya es aportar al tema. Son asuntos excepcionales para esta comisión”, expresó el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, Francisco Morchio. Ante el requerimiento periodístico de EL DIARIO, el legislador formuló algunas apreciaciones respecto del debate que durante unas dos horas generó el análisis de dos proyectos de ley referidos a la Educación Sexual Integral (ESI) que están en tratamiento en ese ámbito.


Sala de Comisión del Senado. Foto Sergio Ruiz.
El senador Ángel Giano (FpV) es autor de un proyecto que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Educación Sexual Integral en todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo público de gestión estatal y de gestión privada. La iniciativa del legislador concordiense fue acompañada por sus pares Mario Torres, Daniel Olano, Nicolás Mattiauda, Lucas Larrarte, Miriam Espinoza, y Héctor Blanco.

Giano aspira a que se dicte la ESI como materia obligatoria en el diseño curricular en el marco de los parámetros, pautas y contenidos de la Ley Nacional 26.150- Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ese proyecto fue ingresado en octubre de este año.


Foto Sergio Ruiz.
En tanto, el senador radical Raymundo Kisser (Cambiemos) es autor de otra iniciativa, presentada hace más de un año, por la que propone que la provincia de Entre Ríos reconoce el derecho que tienen todos los estudiantes a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada, en virtud en la Ley Nacional 26.150.

Kisser sostiene que cada establecimiento educativo incluirá la educación sexual integral en su proyecto institucional, asegurando la transversalidad e interdisciplinariedad de sus contenidos en la currícula y adaptándola a su realidad sociocultural, en el marco de su ideario institucional.

Desde la presentación del tema, el análisis de los proyectos no se planteó en términos de una puja entre ambos textos, y si hubiera existido esa posibilidad quedó totalmente descartada ante la complejidad de la temática.

Análisis. La Comisión sesionó este miércoles con la participación de invitados que desde su perspectiva dieron su opinión respecto de ambas iniciativas y volcaron información vinculada a la ESI y a una variedad de problemáticas que derivan de su falta de implementación. Referentes del Copnaf, del Consejo de Educación, de Salud e integrantes de la Red ESI interescuelas hicieron su aporte al debate.

No se planteó ninguna discusión sino que cada referente a su turno brindó información y opinó. Podría decirse se coincidió en un diagnóstico a partir de que cada estadística, cada dato y cada historia de vida compartida no hizo más que abonar la necesidad de la Educación Sexual Integral. Ahora bien, las dudas quedaron planteadas al momento de pensar las mejores estrategias para que a través de esa herramienta se pueda ser efectivo y revertir el número de casos de embarazos adolescentes no planificados, abusos, enfermedades de trasmisión sexual, entre otras situaciones.

Datos. En Entre Ríos hay 650.000 alumnos y unos 60.000 docentes. Los funcionarios del Consejo General de Educación se manifestaron “dispuestos a trabajar, a profundizar lo que se está haciendo”, sin dejar de aclarar que en la provincia existe el Programa de Salud Sexual Escolar, queriendo significar que hay un recorrido hecho en esta materia, pero “hay que reconocer que falta”, admitieron.

Por fuera de las aclaraciones, también plantearon que si se aprobara como materia obligatoria habría que definir a cargo de quién estaría el dictado, es decir qué formación debería tener; también definir si reemplazaría a otra asignatura o si se agrega y por tanto se extiende el cursado en las escuelas y hacer la correspondiente reserva presupuestaria. Apuntaron que brindar esa educación en la secundaria implicaría alrededor de 8 o 9 millones de pesos por mes.

A lo largo del debate, la estimación económica quedó minimizada por legisladores y asistentes de otros organismos porque se trata de una inversión en educación que probablemente impactaría en menor inversión en salud para atender situaciones complejas que pueden devenir de la falta de ESI, o bebés que sin progenitores que se hagan cargo, quedan al cuidado del Copnaf. Eso sin contar la misma muerte que a veces deviene por falta de educación.

“En esta reunión queríamos escuchar a todos los que están involucrados en el tema, los que realmente entienden”, dijo Morchio a esta Hoja, y concluyó que “ambos proyectos de ley deberían resignar buena parte de su contenido para unificarse”, por lo que entiende que “deberían tratarse como proyectos separados y siempre intentando resolver problemas que hoy existen como embarazos no deseados, abusos infantiles, enfermedades de trasmisión sexual”.

En verdad, hay legislación en la materia en la provincia y en la Nación, incluso que plantean la obligatoriedad, pero aún no ha sido posible de manera concreta operativizar su aplicación. “Estamos viendo si nosotros desde la Legislatura podemos aportar en la solución del problema”, dijo Morcchio y aclaró a EL DIARIO que “desde la Comisión de educación siempre tratamos de no inmiscuirnos en la currícula educativa porque entendemos que es el Consejo General de Educación el que entiende en ese aspecto. Ahora hay temas que pudieran tomarse como excepción, como es el caso de la educación sexual y la educación emocional”.

Analizó que la ESI no genera empatía en todos los docentes ni en todos los profesionales de la salud. “Hay aditivos que suman complejidad a la decisión que tendrán que tomar los senadores”, concluyó luego de haber conocido los cuestionamientos que desde Salud y desde Educación se hace a quienes, no compartiendo esta posición, no asumen una actitud comprometida frente a las diversas problemáticas.

A lo largo de los últimos años ha regido el criterio de transversalidad, lo que en parte es objetada porque finalmente nadie se hace cargo, y si se toma como una asignatura, no se descarta que todo el personal de un establecimiento educativo se desligue de la problemática.

Por último Morchio indicó que seguramente habrá nuevas convocatorias desde la Comisión “porque ya hay personas e instituciones que están solicitando participar”.

Abusos. La titular del Copnaf, Marisa Paira, entre otros datos, informó que el año pasado se contabilizaron 701 denuncias de abuso infanto juvenil y que en lo que va de este año ya se registraron 824. Planteó cómo fortalecer la educación primaria porque en la secundaria hay un desgranamiento muy grande y un importante sector de la población potencial destinataria de la educación queda fuera de cualquier espacio institucional. La posición en ese orden fue pensar estrategias para el nivel primario, y accesibles en todo el territorio provincial porque la experiencia parece indicar que muchas veces se piensan desde Paraná líneas de trabajo con las que luego no se puede llegar a toda la provincia.

















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  (Radio La Voz, con información de El Diario)

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