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JUDICIALES

Juzgan a un ex intendente y a dos ex funcionarios municipales de Crespo

Fecha: 03/11/2018  Hora: 08:09  

- Tras una dilatada y compleja audiencia donde se volvió a discutir el hecho atribuido a tres ex funcionarios de la Municipalidad de Crespo, se realizaron los acuerdos probatorios y la causa será remitida para que se fije fecha de debate


La jueza de Garantías Nº 1 Marina Barbagelata, resolvió este viernes no hacer lugar al pedido de nulidad que realizó el defensor Miguel Ángel Cullen en relación a la fundamentación de la modificación de la atribución delictiva que hizo el fiscal Franco Bongiovanni respecto de la imputación que pesa sobre Ariel Robles, Jorge Waigel y Leonor Winderholler, todos ex funcionarios de la Municipalidad de Crespo, que están imputados del presunto delito de peculado.

El fiscal oralizó los fundamentos de la acusación con el hecho reformulado. Esto fue un logro de la defensa, a cargo de Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, que ayer volvió a plantear la nulidad de la acusación por entender que el hecho reformulado no se corresponde con el hecho imputado. En esta oportunidad, la jueza resolvió rechazar el pedido y habilitó la etapa de los acuerdos probatorios.

El 14 de septiembre Barbagelata hizo lugar al pedido de la defensa y ordenó a los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, que corrijan el hecho imputado porque entendió que tal como estaba redactado tenía “deficiencias profundas en la plataforma fáctica que deben ser corregidas”.

Ayer, Bongiovanni fundamentó el nuevo hecho, que quedó redactado así: “Durante el período comprendido entre diciembre 2014 y septiembre 2015 inclusive, Ariel Jesús Robles, en su rol de Presidente Municipal de Crespo, Jorge Jesús Waigel, en su carácter de Secretario de Gobierno, y Leonor Evangelina Winderholler, en su carácter de Secretaria de Hacienda, autorizaron de forma reiterada y sistemática la adquisición de materiales de construcción mediante desagregados procedimientos de compra directa, por un monto total de pesos novecientos cincuenta y tres mil doscientos veintisiete con doce centavos, motivados en solicitudes de suministro generadas desde la Dirección de Acción Social ante el solo requerimiento de distintos habitantes de la ciudad, y enumeradas en el listado que se adjunta como anexo”.

Asimismo, se sostuvo que “dichos insumos fueron entregados a los beneficiarios de modo absolutamente incondicionado, sin evaluar seriamente la necesidad alegada por el peticionante ni contar con norma alguna que autorice dichas transferencias, sea a modo general o particular.


Tal maniobra se efectivizó en transgresión de las instancias previstas en la Ordenanza Municipal Nº 03/2003 (que regula el otorgamiento de subsidios a personas físicas y jurídicas privadas), y lo regulado por su similar Nº 53/96, su modificatoria 15/98 (sistema de compras y contrataciones de Municipio), Nº 55/11 (configuración, estructura y funcionamiento de las reparticiones -Organigrama- del Departamento Ejecutivo Municipal), Ley provincial Nº 5140 y el decreto reglamentario de esta última Nº 795 MEOSP”.

Bongiovanni fundó la acusación en que los imputados desplegaron un mecanismo delictivo en un contexto de “orfandad normativa” consistente en sustraer caudales públicos durante un prolongado período, que se fue incrementando a medida que se acercaban las elecciones en las que Robles pretendía renovar su mandato.

El fiscal refirió a un “fraudulento proceder a sabiendas” y a un “ardid sistemático” que “revela la intención deliberada de perjudicar el patrimonio público”.


El fiscal refirió a un “fraudulento proceder a sabiendas” y a un “ardid sistemático” que “revela la intención deliberada de perjudicar el patrimonio público”.
A su turno Cullen refutó aquellos fundamentos porque entendió que “no se corresponde con el hecho imputado”. Pidió que se declare nula y se “reformule en función de lo que se imputó”.

El defensor sostuvo que “acá se habló de orfandad normativa, ardid y simulación de asistencia social” cuando en el hecho no se refiere a aquellas conductas.

En relación a la supuesta “orfandad normativa” Cullen señaló que si fue así, entonces “no hubo incumplimiento porque no había Ley”.

Cullen destacó que en esta causa “no hablamos de dinero sino de dar materiales de construcción a ciudadanos de Crespo que lo solicitaban”.

El letrado cuestionó que no se citaran como imputados a los beneficiarios, para determinar si realmente necesitaban los materiales, y a los corralones Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus, señaladas por Fiscalía como los beneficiarios de las compras directas ordenadas desde el municipio eludiendo las normas.

Los beneficiarios

La jueza Barbagelata, después de una dura, dilatada, compleja y debatida audiencia, hizo lugar al pedido de la defensa para que se incorporen beneficiarios de la asistencia. Como se trata de alrededor de cuatrocientos ciudadanos, se convino en designar quince para que comparezcan a declarar. Además, Barbagelata dejó flotando sus “dudas” respecto de los corralones.


  (El Diario)

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