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JUDICIALES

“Lado B” del acuerdo con el FMI: amenaza judicial puede complicar prometido recorte de déficit fiscal

Fecha: 11/06/2018  Hora: 06:26  

- Mesa judicial del Presidente estudia alternativas; Esperanza en tríada de la Corte para atajar catarata de amparos que pueden hacer naufragar las podas en carpeta


El "Lado B" de los objetivos de reducción del déficit fiscal que promete el Gobierno tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene directa relación con la pelea que el oficialismo está dando en tribunales para validar la serie de recortes del gasto ya puestos en práctica en materia previsional y de tarifas. Todas las metas -para aspirar a cumplir los puntos centrales del acuerdo- dependerán de que los fallos judiciales no obturen los primeros movimientos en ese sentido. La "mesa judicial" del Gobierno ya tomó nota de que cualquier revés implicará el incumplimiento de los compromisos y el fracaso del plan. El panorama está cargado de nubarrones: a las sentencias adversas en materia tarifaria se suman planteos contra la reforma previsional. El ojo está puesto en la Corte Suprema, donde el Poder Ejecutivo pretende aceitar una mayoría que valide -en última instancia- la ambiciosa poda. De otro modo, todo el plan naufragará.

Una reunión de mesa chica se llevó a cabo la semana pasada, donde el ala del Gabinete dedicada al seguimiento de los temas judiciales punteó los "issues" que se plantean a futuro. Esta semana habrá otro encuentro, liderados por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y por el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Se suma el protagónico de Bernardo Saravia Frías desde la Procuración del Tesoro. La orden inicial es no permitir que el fuego amigo anule herramientas de negociación con los jueces. La alusión elíptica es a los embates de Elisa Carrió cada vez que detecta movimientos de Daniel "Tano" Angelici. La relación con el fuero Contencioso Administrativo Federal -como había adelantado Ámbito Financiero- se volverá crucial. Fuero de la Seguridad Social y del Trabajo tendrán permanente monitoreo por la rebelión que ha quedado expuesta. No hay tiempo para traspasar a la órbita porteña a la Justicia laboral sin crear una guerra con el sindicalismo. La Cámara de la Seguridad Social -con el antecedente del amparo de Miguel Ángel Fernández Pastor- que declaró inconstitucional el artículo 2 de la reforma previsional generará una catarata de juicios si pasa el tamiz de la Corte. Hacia allí se destinarán los esfuerzos.

Para cuestiones centrales de la administración Cambiemos, en el oficialismo confían en una tríada necesaria para consolidar la mayoría en un fallo. Todo mientras se debate la sucesión de Ricardo Lorenzetti al frente del Máximo Tribunal. El Gobierno se balancea entre darle un apoyo para la continuidad -pese a que le desconfía- o impulsar a Elena Highton de Nolasco a la presidencia, secundada por Carlos Rosenkrantz. Con bajo perfil, este último ha tomado la delantera en la redacción de los fallos sensibles que interesan por motivos de fondos al Gobierno. También le ha dado todas las señales posibles al fuero laboral para "ponerlo en caja". De ellos dependerá que todo el paquete tarifario pase al fuero Contencioso Administrativo Federal y deje de estar a merced de jueces federales de otras jurisdicciones que resisten delegar sus casos y se plantan con nuevas acciones de clase para frenar los aumentos del gas. Esta pelea es estratégica y reflota además la interna entre Justicia del interior versus la porteña.

En los pasillos judiciales han bautizado con ironía al trío Rosenkrantz-Highton-Lorenzetti bajo la doctrina "in dubio pro renta", en una deformación jocosa del "in dubio pro reo" que sintetiza la duda razonable para favorecer a un imputado, pero en este caso trasladado a lo económico. Por diversos motivos en cada caso, el Gobierno cree tener una última fila de defensa en ambos frentes a los que les queda camino por recorrer. Las metas de reducción del déficit están directamente ligadas a los gastos y a los subsidios a los servicios públicos. El escenario judicial es complicado:

El juez de Dolores Alejo Ramos Padilla frenó cortes por falta de pago de gas e impuso multas a las empresas. Se niega a entregar la causa al fuero Contencioso Administrativo y la decisión pasó a la Cámara Federal de Mar del Plata.

En La Plata ocurre lo mismo con el caso por la última suba de gas y el magistrado Adolfo Ziulu le negó a su par Enrique Lavié Pico la cuestión ambiental que alega para absorber todos los expedientes del país.

La Corte tiene que decidir qué fuero es competente para tratar el tema tarifario, en la causa denominada "Cepis 2". De esto depende la arquitectura de ese "escudo anticautelares" que pretende edificar el Ministerio de Ambiente y la Procuración del Tesoro para evitar futuros amparos colectivos con resultado adverso. El planteo de fondo sentencia que las subas no fueron proporcionales ni razonables con respecto a los salarios.

La Justicia porteña frenó el aumento en la tarifa de subte.

La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, además de declarar inconstitucional parte de la reforma previsional, propuso esperar a ver el resultado de las subas anuales totales en los haberes jubilatorios antes de concluir que toda la ley debe ser anulada. ¿Podría ser declarada confiscatoria y regresiva (por ende, inconstitucional) a fin de año?

Si la Corte valida el fallo Fernández Pastor implica que la ANSES deba desembolsar un 9% de diferencia a favor de 17 millones de beneficiarios, sólo hasta marzo.

Las tres salas de la Seguridad Social consideran ilegal el índice de ajuste que aplica ANSES para los juicios vigentes por reajuste, basado en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Lo reemplazan por el ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y Construcción) que supera ampliamente porcentaje de movilidad y retroactivo a calcular. El paquete que sube a la Corte ya supera ampliamente los 150.000 casos.


  (Ámbito)

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